Estrategia del Gobierno para garantizar el buen funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas: 1. Adoptar las medidas necesarias en orden a poner fin al incremento de las agresiones que se vienen produciendo contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello es preciso una reforma legal urgente que conlleve el endurecimiento de las penas por este tipo de agresiones introduciendo un agravante penal específico para quienes ataquen a policías nacionales y guardias civiles. 2. Impulsar campañas institucionales orientadas a reforzar el respeto al principio de autoridad y un discurso institucional que respalde plenamente la labor policial, especialmente cuando los agentes se ven obligados a hacer uso de la fuerza para defenderse o defender a terceros. 3. Reconocer la labor profesional de la Policía Nacional y la Guardia Civil como Profesión de Riesgo y proceder a una revisión inmediata del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional. 4. Restablecer de inmediato el Organismo de Coordinación del Narcotráfico OCON SUR que tan exitosa labor llevó a cabo en la lucha contra el narco en las comarcas y provincias andaluzas gravemente afectadas por este fenómeno criminal. 5. Elaborar un Plan de refuerzo de la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que incluya un aumento significativo de efectivos teniendo en cuenta las necesidades operativas y la capacidad actual de los centros de formación. También, modernizar los equipos y medios materiales para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea el narcotráfico y el crimen organizado y garantizar así mejor la integridad física de los agentes. 6. Elaborar un plan específico de Seguridad Ciudadana orientado específicamente a garantizar esta en aquellos entornos urbanos o rurales en los que se aprecia una vinculación clara entre el incremento de la delincuencia y la inmigración ilegal. 7. Reforzar los medios humanos y materiales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Ofrecer pleno respaldo a ambas en su lucha contra la corrupción vinculada a organizaciones criminales o tramas políticas, así como impedir que el poder político trate de interferir en la tarea de aquellas.